Nuevos procedimientos de coordinación entre las autoridades podrán permitir una conclusión y captura mucho más rápida de las asociaciones criminales europeas.
A partir del 18 de agosto, se esperan cambios importantes en el sector criminal, implementando el decreto de seguridad extendido en varias ocasiones. Los cambios en cuestión se refieren a los mecanismos de «coordinación» entre los sujetos (el Fiscal Público, el fiscal nacional antimafia, el jefe de policía y el director de la Dirección de Investigación Antimafia) responsables de iniciar el proceso de prevención de activos, a través mecanismos como lo es la medida de confiscación.
Se creó un plan de fortalecimiento de infraestructuras, con la compra e instalación de equipos de servidores en tecnología de hiperconvergencia en las salas utilizadas por los fiscales de la República, para acceder a datos de asociaciones criminales.
«Es una reforma procesal, pero no cambia los aspectos penales del código” explica Alexandro Maria Tirelli, un abogado experto en derecho penal internacional, que pone con relación a las diversas autoridades judiciales en la lucha contra el crimen internacional y la mafia. «Como bufete de abogados, también estamos profundizando todas las reglas relativas a los criterios de confiscación de activos a asociaciones y cuerpos criminales y compañías disueltas o prohibidas por infiltración de la mafia».
En nombre de los «saldos» de un sistema que vería a la autoridad judicial y la autoridad de seguridad pública «puestas en una posición de iguales» (por lo tanto, el informe ilustrativo del decreto), la nueva disposición suprime «la disposición de inadmisibilidad de la propuesta presentada en Falta de comunicación previa al fiscal».
Además, sobre la base de una enmienda aprobada por la Comisión del Senado, se prevé que en el caso de confirmación de un decreto de medidas de carácter patrimonial impugnado, los jueces del Tribunal de Apelación tendrán que acusar a la parte privada que interpuso el recurso de pago de costas judiciales.
Las inversiones que más se están presentando entre la comunidad italiana y la comunidad latinoamericana, son las inversiones de infraestructura y energía, en paralelo con el área de innovación tecnológica, pues ambas partes se ven altamente beneficiadas con los aportes que realiza cada una en este sector de la economía, minimizando en gran proporción las fronteras entre las medianas y grandes empresas italianas y latinoamericanas.
Según la ley n.161 del 17 de octubre de 2017, esta medida solo existía en primera instancia. Ahora, la disposición del gobierno de Conte también la aplica en apelación. Las disposiciones se aprobaron en el parlamento, pero aún se están implementando, así como la publicación en el Boletín Oficial de los nuevos delitos previstos en el código.
Analisa Dalla Cia