Asociación mafiosa: años de pena y defensa legal
En temas de asociación de tipo mafioso, el equipo internacional de ILA puede presumir de una larga experiencia en el campo, llena de casos complejos y de relevancia global.
De hecho, el personal está compuesto por abogados especializados en asociación mafiosa, particularmente expertos en toda la normativa vigente sobre el tema y sus actualizaciones.
Asociación de tipo mafioso: las penas previstas caso por caso
Cualquier persona, según el artículo 416 bis del código penal, que forme parte de una asociación de tipo mafioso compuesta por tres o más personas, será castigada con prisión de siete a doce años. Aquellos que promueven, dirigen u organizan la asociación son castigados, solo por ello, con prisión de nueve a catorce años.
Dicho artículo fue introducido en nuestro ordenamiento, precisamente entre los delitos contra el orden público, con la L. «Rognoni -La Torre» de 1982 con el fin de ampliar la punibilidad también a las conductas que no están incluidas en la asociación delictiva según el artículo 416 c.p., porque en sí mismas son lícitas o porque no están caracterizadas por la voluntad de realizar casos individuales de delito. La disposición en cuestión es una norma que surge en la década de 1980 en un clima de emergencia; en ese período, se pensó que era necesario un enfoque duro y sin escrúpulos para enfrentar a la mafia.
En general, la participación en la asociación mafiosa se refiere a un fenómeno de delincuencia organizada dada la pluralidad de sujetos activos. De hecho, se trata de un delito asociativo que implica «un acuerdo»
que está «dirigido a la implementación de un programa criminal más amplio, que precede y contiene los acuerdos relacionados con la realización de delitos individuales y que persiste después de la realización de cada uno de ellos».
Según el artículo 416 bis c.p., se entiende por promotor el sujeto que inicialmente estimuló la asociación, por fundador aquel que, junto con el promotor, determinó el nacimiento de la asociación, y por organizador aquel que ha regulado su actividad.
En cuanto al simple «participante», en cambio, es aquel que pone a disposición de manera estable su contribución. Este debe estar integrado en la estructura asociativa, siempre estando disponible.
¿Cuál es la diferencia entre la mafia y la asociación delictiva?
Sobre este tema, una de las principales preguntas que muchos se hacen es: «¿Cuál es la diferencia entre la mafia y la asociación delictiva?». La respuesta a esta pregunta no es trivial y permite comprender a fondo la razón de la introducción de este delito específico en nuestro sistema legal.
La asociación de tipo mafioso, de hecho, surge como una especificación y diferenciación con respecto a la asociación delictiva y, además de prever penas mucho más severas, se diferencia en tres aspectos:
1) El método mafioso, es decir, la fuerza del vínculo asociativo y la condición de silencio de las víctimas,
2) La finalidad prevista, es decir, cometer delitos, adquirir de manera directa o indirecta el control o la gestión de actividades económicas, contratos y servicios públicos, obtener ganancias injustas, impedir el libre ejercicio del voto en las elecciones
3) El elemento subjetivo, es decir, el dolo específico, por lo que no es suficiente la voluntad de delinquir, sino que es necesario que los culpables sean conscientes y estén convencidos de que su conducta contribuye a fortalecer el poder de la mafia.
En este contexto, el personal de International Lawyers Associates puede proporcionar una defensa inigualable. El bufete asociado ILA cuenta con la colaboración de abogados expertos en asociaciones mafiosas, profesionales con una amplia experiencia que han adquirido su experiencia participando en los juicios más delicados. Estos son abogados que, sin buscar resonancia mediática, ni siquiera en casos de juicios masivos, han defendido a individuos acusados de algunos de los delitos más graves previstos por nuestro sistema legal.
Cuándo una asociación resulta de tipo mafioso
La asociación es de tipo mafioso, cuando quienes forman parte de ella se valen de la fuerza de intimidación del vínculo asociativo y de la condición de sometimiento y de silencio que se deriva de ello para cometer delitos, para adquirir de manera directa o indirecta la gestión o el control de actividades económicas, concesiones, autorizaciones, contratos y servicios públicos o para obtener beneficios o ventajas injustas para sí mismos o para otros, o con el fin de impedir u obstaculizar el libre ejercicio del voto o de obtener votos para sí mismos o para otros en ocasión de consultas electorales.
La norma en cuestión, por lo tanto, identifica expresamente la intimidación y el sometimiento como los elementos principales del delito. Al respecto, la jurisprudencia predominante considera que la «fuerza de intimidación» debe entenderse
en el sentido de que «la asociación tenga como programa el recurso a la fuerza de intimidación para lograr sus objetivos, por lo tanto, no se considera necesario el recurso efectivo de la asociación a la comisión de actos intimidatorios. Por lo tanto, no necesariamente debe haber recurso a actos de amenaza, pero debe existir un halo penetrante y perceptible de presencia intimidatoria y abrumadora, fruto de un estilo de vida consolidado en el tiempo».
Ahora bien, la condición de sometimiento y de silencio es la consecuencia directa de la manifestación efectiva de la fuerza de intimidación del vínculo asociativo. En este sentido, el sometimiento consiste en un estado de sumisión o subyugación psicológica que se manifiesta en las potenciales víctimas de la asociación, y no debe referirse en absoluto a los individuos asociados, suponiendo una relación de subordinación entre ellos y los líderes. El silencio, por otro lado, constituye un elemento típico del delito y se correlaciona directamente con la fuerza de intimidación de la asociación de tipo mafioso. Este, de hecho, consiste en el rechazo a colaborar con los órganos del Estado y puede derivarse del miedo a daños a la propia persona, de modo que esté extendida la convicción de que colaborar con la autoridad judicial no evitará graves represalias dañinas.
En cualquier caso, es necesario especificar que el deber del abogado consiste en defender a todos, víctimas y presuntos culpables. El abogado penalista debe ser capaz de garantizar que el proceso se desarrolle respetando la ley y que la culpabilidad se determine al final de un «juicio justo» sin interferencias de los medios de comunicación y, sobre todo, sin ningún tipo de espectacularización.
La política del bufete de abogados penalistas International Lawyers Associates prevé la aceptación de todo tipo de defensa, demostrando una competencia particular en aquellos delitos de «naturaleza mafiosa» que hoy en día son tan debatidos.
Si una asociación está armada
Nuestro ordenamiento jurídico prevé para este tipo penal algunas circunstancias agravantes que permiten al juez, si se alegan, aumentar significativamente la pena; entre estas se encuentra la connotación armada de la asociación.
De hecho, si la asociación está armada, se aplica la pena de prisión de nueve a quince años en los casos previstos en el primer párrafo y de doce a veinticuatro años en los casos previstos en el segundo párrafo.
Se considera armada la asociación cuando los participantes tienen disponibilidad, para lograr el propósito de la asociación, de armas o materiales explosivos, incluso si están ocultos o almacenados en un lugar de depósito. Si las actividades económicas que los asociados tienen la intención de asumir o mantener el control son financiadas total o parcialmente con el precio, el producto o el beneficio de delitos, las penas establecidas en los párrafos anteriores se incrementan en un tercio a la mitad.
En general, los delitos relacionados con la delincuencia organizada están sujetos a penas muy severas: prisión de 12 a 18 años y la pena, como se mencionó anteriormente, se incrementa si el hecho se comete con armas o se financia con ganancias ilícitas.
En este sentido, el agravante de la disponibilidad de armas, según el art. 416- bis, apartados 4 y 5, código penal, es atribuible a los participantes que sean conscientes de la posesión de las mismas por parte de la organización criminal o que, por culpa, lo ignoren. (Tribunal de Casación penal, Sección VI, sentencia n.º 32373 del 19 de julio de 2019)
Quien asuma la defensa a la luz de la mencionada alegación debe buscar la mejor manera de proteger a su cliente; en estos casos, la mayoría de las veces, el camino está representado por una defensa técnica eficaz.
La confiscación de bienes
El legislador, para este tipo de delito, ha establecido que, además de la detención, el juez debe imponer también la pena accesoria de la confiscación de bienes que constituyen ganancias o ingresos de delitos mafiosos. Estos bienes pasan a ser propiedad del Estado, que generalmente los reutiliza para fines sociales, creando asociaciones o cooperativas para ayudar a las víctimas de la mafia.
Por lo tanto, en relación con el condenado, siempre es obligatoria la confiscación de las cosas que sirvieron o fueron destinadas a cometer el delito y de las cosas que son su precio, producto, beneficio o que constituyen su uso.
Las medidas de confiscación de bienes, emitidas por la Autoridad Judicial en relación con las personas investigadas por delitos relacionados con la organización mafiosa, siempre han enfrentado un obstáculo a menudo insuperable: la diversidad de aplicación de las medidas penales entre los Estados miembros de la Unión Europea, lo que hacía inaplicables tales medidas. A menudo ocurría que una medida emitida por la autoridad italiana no se ejecutaba porque en el Estado de destino, donde se encontraban los bienes sujetos a la medida, dicha medida no podía ser ejecutada debido a la diferente legislación.
Hoy en día, sin embargo, gracias al Reglamento 2018/1805 (directamente aplicable, a diferencia de las directivas, que requieren ratificación por parte de los Estados miembros), se ha implementado una importante extensión del ámbito de aplicación de las medidas preventivas italianas, llevándolas al nivel europeo.
Por lo tanto, hay una razón más para confiar en los abogados especializados en asociaciones de tipo mafioso del Estudio International Lawyers Associates, quienes están constantemente actualizados en toda la legislación nacional e internacional relacionada con el delito del art. 416 bis c.p.
Fuerza intimidatoria del vínculo asociativo
Las disposiciones del presente artículo también se aplican a la camorra, la ‘ndrangheta y otras asociaciones, localmente denominadas de cualquier manera, incluso extranjeras, que, aprovechando la fuerza intimidatoria del vínculo asociativo, persiguen objetivos correspondientes a los de las asociaciones de tipo mafioso.
En cuanto a los diferentes tipos de asociaciones mafiosas, la jurisprudencia predominante considera que para probar la existencia de una asociación mafiosa es necesario demostrar la existencia de una fuerza intimidatoria acumulada a través de la comisión de delitos violentos capaces de generar temor; tales acciones violentas no necesariamente tienen que ser contemporáneas a la participación y pueden haber existido previamente.
Además, el dato de mayor relevancia es que, para las mafias de base étnica, la fuerza intimidatoria del grupo no necesariamente debe dirigirse al sometimiento de la población de un territorio, sino que también puede ser funcional al control y sometimiento de un grupo de personas reducido, ya que pertenece a una misma comunidad.
Ciertamente, en este ámbito, la seriedad y competencia de la defensa son fundamentales, y estas, como es conocido, son habilidades que nuestro equipo de profesionales puede ofrecer, gracias a un equipo de abogados expertos en asociación mafiosa.