Corte Internacional de Justicia: qué es, cómo funciona y sus pronunciamientos
La Corte Internacional de Justicia (también conocida como Corte Mundial de Justicia) es el principal órgano judicial de las Naciones Unidas y tiene su sede en la ciudad holandesa de La Haya, más precisamente en el Palacio de la Paz.
Este órgano, creado después de la disolución de la Corte Permanente de Justicia, fue establecido en 1945 con la Carta de las Naciones Unidas y comenzó su actividad en abril de 1946. En los primeros años de «vida» de la Corte, sin embargo, el escenario sufrió grandes cambios que afectaron profundamente su actividad.
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Como se explicó anteriormente, la Corte Internacional de Justicia es un órgano de la ONU (el único de sus órganos principales que no tiene sede en Nueva York).
La Organización de las Naciones Unidas es una unión de 193 Estados cuya adhesión es voluntaria; esta fue fundada en 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, con el objetivo principal de fortalecer la paz a nivel internacional, la seguridad y las buenas relaciones entre los Estados. A lo largo de los años, se han añadido otros objetivos como: la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales, la promoción del crecimiento económico, social, cultural y la salud pública internacional.
La función jurisdiccional internacional de la Corte tiene carácter arbitral, es decir, es un medio de resolución basado en la voluntad de los Estados (fundamento voluntarista) de someter una controversia surgida entre ellos a la decisión arbitral; por lo tanto, tienen la libertad de someter el examen de la controversia al juicio del Tribunal Internacional, siempre que acepten como vinculante la respectiva decisión.
El 25 de noviembre de 2014, Italia depositó ante el Secretario General de la ONU la declaración de aceptación de la jurisdicción obligatoria de la Corte Internacional de Justicia, prevista en el artículo 36 del Estatuto de la misma Corte.
Funciones de la Corte Mundial de Justicia
Para comprender mejor las funciones de este órgano, es necesario distinguir entre dos funciones diferentes.
1. La función jurisdiccional en materia contenciosa con respecto a la interpretación y aplicación del derecho internacional. En relación con esta función, el artículo 36 del Estatuto establece que: «la competencia de la Corte se extiende a todas las controversias que las partes sometan a ella y a todos los casos expresamente previstos en el Estatuto de las Naciones Unidas o en los tratados y convenciones en vigor».
2. La función consultiva, que representa su tarea principal, es decir, resolver disputas entre Estados y emitir juicios, a través de la llamada «opinión consultiva», sobre cuestiones relevantes de derecho internacional.
Entre las decisiones más recientes y significativas de la Corte se encuentra el caso Jadhav (India contra Pakistán) en el que la Corte aceptó la solicitud de medidas provisionales presentada por India, deteniendo la ejecución de la pena de muerte en contra de un ciudadano indio en Pakistán. Dicho ciudadano había sido condenado a muerte pero no pudo ejercer, una vez arrestado, el derecho de notificar a su cónsul, y la India alegaba que Pakistán violó la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares
Diferencias entre la Corte Internacional de Justicia y otras Cortes
Ahora, es importante aclarar cómo la Corte Internacional de Justicia difiere de otras Cortes que también tienen sede en la ciudad holandesa de La Haya. Estas Cortes son el Tribunal Penal Internacional para la ex-Yugoslavia, establecido por el Consejo de Seguridad para enjuiciar los crímenes cometidos en la ex-Yugoslavia, y sobre todo la Corte Penal Internacional.
La diferencia fundamental entre estos tres órganos judiciales radica en que, mientras que la Corte Internacional de Justicia resuelve controversias entre Estados, las otras dos Cortes tienen la tarea de juzgar exclusivamente a individuos acusados de cometer crímenes internacionales (como genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad).
En el caso de la Corte Mundial de Justicia, entonces, no hablamos de responsabilidad individual.
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El funcionamiento de la Corte Internacional de Justicia
Para comprender el funcionamiento de la CIJ, es indispensable hacer referencia a su instrumento más importante, es decir, el Estatuto. Este último es parte integral de la Carta de las Naciones Unidas y está constituido por 70 artículos, divididos en 5 «capítulos».
En base a los poderes otorgados por la Carta de la ONU, la Corte Internacional de Justicia ha redactado las Reglas de la Corte, con el propósito de integrar y aclarar el funcionamiento del órgano. Obviamente, a lo largo de los años, para acelerar algunos procedimientos, las Reglas de la Corte han sido objeto de enmiendas.
La Corte Mundial de Justicia está compuesta por 15 jueces, quienes tienen un mandato de 9 años, renovable, y son elegidos simultáneamente, en sedes separadas, por la Asamblea General y el Consejo de Seguridad; entre los 15 jueces siempre se cuentan 5 provenientes de los Estados Miembros Permanentes del Consejo de Seguridad (a pesar de que esto no esté establecido explícitamente en ninguna parte).
En general, los miembros de la Corte no deben representar a su Estado de origen durante su permanencia en el órgano, sino que deben actuar con total independencia. Sin embargo, cuando la Corte resuelve una controversia entre Estados y las partes en conflicto no cuentan con un juez de su propia nacionalidad, los Estados interesados tienen el derecho de nombrar a un juez ad hoc.
El origen de los jueces se establece habitualmente de la siguiente manera: 3 jueces de África, 2 de América Latina, 3 de Asia, 5 de Europa occidental y «otros Estados occidentales» (Canadá, Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda), y 2 de Europa oriental (incluida Rusia).
Los jueces eligen a un presidente (cuyo rol actualmente es ocupado por Abdul Qawi Ahmad Yusuf) que es el único que debe residir permanentemente en La Haya.
El procedimiento técnico seguido por la Corte en los litigios está definido por su Estatuto (cuya versión más reciente es de diciembre de 2000)
Los procedimientos incluyen una fase escrita, en la cual las partes presentan solicitudes e intercambian escritos (escritos de respuesta), y una fase oral, que consiste en audiencias públicas en las que agentes y asesores legales se dirigen a la Corte. Dado que la Corte utiliza dos idiomas oficiales, que son inglés y francés, cualquier cosa escrita o dicha en un idioma se traduce.
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Al final del procedimiento oral, la Corte se retira a la sala de deliberación para deliberar sobre la resolución, la cual, una vez leída en audiencia pública, es definitiva y sin apelación. Si alguna de las partes interesadas no cumple con la decisión, la otra puede recurrir al Consejo de Seguridad de la ONU.
Solo los Estados pueden ser partes en un proceso ante la Corte. La condición necesaria para el ejercicio de la función contenciosa es que exista una controversia y que las partes hayan aceptado la jurisdicción de la Corte Mundial para resolverla.
Pronunciamientos de la Corte Internacional de Justicia desde 1946 hasta hoy
Desde 1946, la Corte ha dictado 90 sentencias sobre cuestiones relacionadas con: las fronteras terrestres y marítimas entre Estados, la soberanía territorial, el no uso de la fuerza, la no injerencia en los asuntos internos de los Estados, las relaciones diplomáticas, la toma de rehenes, el derecho de asilo, la nacionalidad, la protección de los derechos absolutos, el derecho de paso y otros de naturaleza económica.
Como es sabido, decide de conformidad con las convenciones vigentes, las costumbres internacionales, los principios generales del derecho internacional y todas las demás fuentes apropiadas.
Desde su constitución, la CIJ, con 25 opiniones consultivas, se ha pronunciado sobre diversos temas: las consecuencias legales de la construcción del muro en una parte de los territorios ocupados palestinos, la admisión de un Estado miembro de la ONU, la indemnización por daños sufridos en el servicio de la ONU, el estatus territorial del África del Sudoeste y el Sahara Occidental, los juicios dictados por los tribunales administrativos internacionales, los gastos de ciertas operaciones de la ONU, los informes sobre la situación de los derechos humanos, la legalidad de la amenaza o uso de armas nucleares.
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